Ya que Puerto Rico es territorio de la nación Americana y recibe ayudas económicas federales para la Educación, la Salud y el bienestar social se rige por muchas de las reglamentaciones de los Estados Unidos. El estatus sociopolítico de Puerto Rico (Estado Libre Asociado de Puerto Rico) también rige el estatus socioeconómico de la Isla. En las últimas décadas el estatus ha sido motivo de discusión política y económica, tanto en la Isla como en el Congreso de Estados Unidos. La incertidumbre política. Económica y social ha permeado en la sociedad puertorriqueña y ha tenido consecuencias en la salud mental.

En los últimos diecisiete años la población de Puerto Rico ha aumentado cerca de trescientos noventa y tres mil habitantes según datos del Censo de los Estados Unidos; reflejando una disminución en la tasa de nacimientos y una estabilidad en la tasa de mortalidad. Por consiguiente, la población de envejecientes (personas mayores de 65 años) ha ido en aumento, Censo (2000).

Esta población de envejecientes es una marginada en la actualidad y ha sufrido las consecuencias de los cambios en la política pública y de la economía. La mayoría de esta población recibe beneficios del Seguro Social y por consiguiente, del Medicare como seguro de salud. Esta población por ser una de escasos recursos económicos en su mayoría recibe además la aportación del Gobierno Estatal mediante la Tarjeta de Salud del Gobierno (HMO’S). Los cambios surgidos en el Medicare en los últimos dos años le han brindado la oportunidad a la población de envejecientes de cubrir los costos de sus medicamentos mediante la incorporación de la cubierta de medicamentos por parte de las aseguradoras locales, lo que se conoce como “Medicare Advantage”, Covall y otros (2004).

Anteriormente, el Medicare no cubría costos de medicamentos siendo una carga económica para personas de bajos recursos. Además el Medicare presenta, al igual que muchos otros planes de seguro de salud, una limitación en los servicios en la cubierta de Salud Mental al compararlo con la cubierta para otras condiciones de salud. Muchos de los programas que ofrecen servicios de salud mental, tanto hospitalización regular como Parcial y servicios ambulatorios no aceptan la cubierta de Medicare para sufragar los costos de estos, lo que limita que esta población pueda recibir los servicios que necesite. El Congreso determinó en 1996 que las empresas con más de cincuenta empleados tenían que parear la cubierta de beneficios de Salud Mental de los seguros médicos en comparación con la cubierta de condiciones de salud orgánica, Covall y otros (2004).

De esta determinación los beneficiarios de Medicare no pudieron beneficiarse y en la actualidad la mayoría de las aseguradoras subcontratan a compañías privadas para que manejen y administren los servicios de salud mental de los asegurados. Aún cuando existe una Ley de paridad de servicios estas compañías son las que determinan por encima de los criterios de profesionales de la salud el tipo de tratamiento y la cantidad de días que los asegurados con un padecimiento mental pueden utilizar, Covall y otros (2004).

Otro de los factores que ha contribuido al surgimiento y auge de los programas de hospitalización parcial lo es el desempleo y el nivel de pobreza en la Isla. Según datos del Censo de 2000 el 48.2% de la población vivía bajo el nivel de pobreza, siendo la región interior de la Isla, Vieques y Guánica las áreas donde se más se manifiesta. Uno de los factores que ha influido a la pobreza es de la familia de madres solteras. El Censo para el 2000 reflejaba que cerca de 220, 998 personas en Puerto Rico se encontraban desempleadas.

Kicinski, (2003) identificó varias causas posibles de la pobreza en Puerto Rico. Entre estas menciona el desempleo, la disminución en la actividad económica, la falta de destrezas y la baja auto-estima y pobre establecimiento de metas. La falta de destrezas cuyo origen se relaciona a la deserción escolar y a un nivel bajo de educación. Menciona en su estudio que la problemática de la pobreza es un asunto que debe ser estudiado de manera longitudinal, ya que en la medida que la persona queda desempleada no se la da seguimiento haciéndose más difícil el poder identificar si la persona regresa a la fuerza laboral, se muda fuera del país, consigue otro empleo o se readiestra en otro oficio.

En Puerto Rico desde el 1996 se comenzó a eliminar la sección 936 la cual era una ventaja contributiva para las empresas extranjeras que invertían en las actividades económicas locales. Al cerrar muchas de las fábricas, no sólo quedaron desempleados los trabajadores de las mismas, sino también los trabajadores indirectos como por ejemplo comerciantes pequeños. Entre mayo de 1996 y mayo de 2004 se ha perdido 34, 000 empleos de la industria manufacturera. Esto ha contribuido al aumento no sólo en las tasas de desempleo, sino además al aumento de los problemas económicos y a la radicación de quiebras, tanto individuales como comerciales, Amato (2006).