En 1992 Puerto Rico elige por primera vez en la historia un médico como Gobernador. Dentro de su plataforma de gobierno se encontraba el realizar una reforma en los servicios de salud en Puerto Rico. Esta reforma estaba dirigida a ofrecer servicios de salud a la población trabajadora enfocándose en pronto restablecimiento de cualquier padecimiento y en el retorno rápido a la fuerza laboral. Lamentablemente no se tomó en consideración a las personas con padecimientos o enfermedades crónicas como lo son algunos de los trastornos mentales, Rivera y otros (2004).

Parte de los cambios introducidos por la reforma de salud fue la implantación del cuidado dirigido (Manage Care), Rivera y otros (2004). Esto tuvo como fin el regular los servicios de salud mental controlando los costos de estos servicios los cuales fueron privatizados. Al implantar el cuidado dirigido por parte de los planes médicos que ofrecían servicios de salud bajo la reforma, no se realizó un estudio basado en las necesidades de los puertorriqueños. Para regular el cuidado dirigido se contrataron agencias o compañías privadas, que lejos de mejorar el cuidado de salud mental vino a empeorar el mismo al limitar los servicios ofrecidos a esta población a unas cuantas visitas y al uso restringido de los psicotrópicos.

De esta forma lo que parecía ser un cambio beneficioso se convirtió en un dolor de cabeza creándose en 1993 la Administración de Seguros de Salud de Puerto Rico (ASSES) y la cual ha recibido varias enmiendas desde entonces. Como parte de las enmiendas y cambios surgidos en la prestación de servicios de salud mental surge la Ley 408 de octubre de 2000 la cual se conoce como el nuevo “Código de Salud Mental de Puerto Rico”. Dentro de los cambios surgidos a raíz de la implantación de la Ley 408 se encuentra la separación de los servicios de salud mental para niños y adolescentes de los pacientes adultos, establece además la Carta de Derechos y Responsabilidades del Paciente, Rivera y otros (2004).

Otras de las enmiendas surgidas a raíz de la necesidad de regular los servicios prestados a los pacientes de salud mental fue la creación de la Oficina del Procurador del Paciente (OPP). Esta también se encarga de fiscalizar los servicios ofrecidos por las compañías privadas de cuidado dirigido y de los servicios ofrecidos por proveedores privados, Rivera y otros (2004).